La pandemia del coronavirus destapó una problemática que viene siendo postergada por la clase política en nuestro país: el correcto tratamiento de residuos peligrosos.


Ante la falta de información oficial, la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) y la Cámara Argentina Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) se unieron para llevar a cabo un relevamiento que permita obtener datos concretos sobre el tratamiento de residuos peligrosos en el país. Los resultados conseguidos fueron preocupantes.

Según el estudio, en Argentina se generan 17.572.639 de toneladas de residuos industriales, especiales y peligrosos por año, y apenas el 21% (3.771.000 tn) recibe tratamiento adecuado, en empresas habilitadas.

Estos datos se obtuvieron con el análisis de 19 empresas, con 26 plantas tratadoras, y la proyección de las cifras sobre las 121 plantas totales que operan en el país. En Santa Fe, según el registro oficial de operadores del Ministerio Ambiente y Cambio Climático provincial, se encuentran 17 compañías dedicadas a la logística y gestión de residuos industriales: tres Rosario, una Cañada de Gómez, tres Santa Fe capital, cuatro San Lorenzo, una Piñero, una Capitán Bermúdez, una Reconquista, una Puerto San Martín, una Esperanza y una Rafaela.

Otro dato que se desprende del informe de Caitpa y Catries, y que deja en claro de la falta de inversión de muchas empresas en sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, es que sólo 39.232 de las plantas generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos (de un total de 182.817) entienden que su tratamiento es parte del costo de producción, no un gasto extra.
Aunque la muestra que tomaron las cámaras empresariales para realizar el relevamiento es bastante representativa, los números que se expresan en el reporte no pueden llegar a la verdadera realidad del país, donde la actividad informal excede a la registrada, habilitada y controlada por el Estado.

“Todos los integrantes de la Cámara estamos preocupados por la cantidad de residuos que no participan del circuito legal”, afirmó Pablo Montivero, gerente comercial de Grupo Pelco, en diálogo con Industria Ambiental, y agregó: “Siempre tratando de ser parte de la solución, y evitando que ese circuito que termina en basurales a cielo abierto se expanda, con peligro para las personas y el medio ambiente, pedimos que se regule o fiscalice un poco más a las industrias que no trabajan por el camino correcto”.

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“Necesitamos del compromiso de otras empresas y del Estado, que es el que controla”, indicó el el Jefe de Ventas de la empresa, y reclamó: “Siempre estamos en el ojo de la tormenta porque recibimos residuos industriales de todos lados pero en realidad somos los que tratamos de colaborar para que esos residuos no terminen en los lugares que no corresponden”.

Normativas vigentes

El 17 de diciembre de 1991 fue sancionada en el Congreso Nacional la Ley N° 24.051, la cual regula la “generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos”.

Según esta norma, se denomina peligroso a todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En tanto, quedan excluidos los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, ya que éstos se rigen por leyes especiales y convenios internacionales.
Además, en su artículo 3, la ley prohíbe “la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo”.

Los movimientos interjurisdiccionales de residuos peligrosos acontecen cuando residuos generados en una jurisdicción determinada deben ser trasladados fuera de ella, puesto que en el territorio de origen no se cuenta con los operadores habilitados o las tecnologías necesarias para darles tratamiento, almacenamiento o disposición final. En ese caso, se torna necesario trasladar dichos residuos hacia donde haya disponibilidad de los medios efectivos para realizar las operaciones adecuadas.

Todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en interjurisdiccionalidad deben inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos administrado por la Coordinación de Residuos Peligrosos. De esta manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puede controlar y monitorear el desarrollo de estas actividades potencialmente peligrosas para el ambiente y garantizar el tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que se mueven de una jurisdicción a otra.

El pasado 9 de noviembre, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley que prohíbe el ingreso de residuos peligrosos a la provincia.

La diputada Matilde Buera (PJ) explicó que se incorpora un artículo que salva una laguna que tiene la legislación provincial (Ley 11.717). “Hasta ahora solo está regulado el tratamiento de residuos peligrosos generados en nuestra provincia, pero no dice nada sobre el ingreso de los mismos desde otras jurisdicciones”, agregó.

“Lo que se propone es prohibir el ingreso, circulación y/o almacenamiento permanente o transitorio de residuos peligrosos generados en otra provincia”, dijo Bruera y agregó: “El 65 por ciento de los residuos peligrosos vienen desde afuera de la provincia”.

De acuerdo con el Registro de Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Fe y datos brindados por la coordinación de Residuos Peligrosos de la Nación sobre la cantidad, origen, destino y tratamiento de los residuos peligrosos transportados, en nuestra provincia existen 17 empresas que procesaron un total de 72.783 toneladas durante el año 2019 (dato que no incluye residuos patológicos ni aquellos que fueron tratados en la misma empresa que los generó). Este es un valor alto si consideramos que representa el 55% de todos los residuos peligrosos transportados en el país: Córdoba se encuentra segunda en este ranking con el 23%, seguida de Entre Ríos con el 14%, Buenos Aires con el 7% y el resto de las provincias con porcentajes menores a 1 %.

Del total procesado en Santa Fe durante el 2019, sólo el 36% fue generado dentro de los límites provinciales mientras que 64% proviene de otras jurisdicciones: 28% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21% de la Provincia de Buenos Aires, 7% de Entre Ríos y el 8% restante de otras provincias.

Santa Fe es una de las pocas provincias que no posee ningún tipo de restricción al ingreso de residuos peligrosos, mientras que nueve jurisdicciones tienen restricción total y diez lo restringen parcialmente. Tan solo cinco provincias no tienen ningún tipo de limitación, siendo Santa Fe una de ellas junto con Chaco, Corrientes, Córdoba y Mendoza.

En cuanto a los residuos peligrosos generados en el territorio santafesino, el 85% es tratado dentro de la provincia mientras que un 14% se transporta a Córdoba y el 1% restante se distribuye entre las provincias de Entre Ríos, Salta y Buenos Aires.


Los que no eligen el camino correcto

Como demostraron Caitpa y Catries en su informe, apenas el 21% de los residuos peligrosos que se generan en el país reciben tratamiento adecuado, dejando un 79% (o más) de desechos sin control.

El pasado 02 de enero, el juez federal Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo en el marco de una causa que los investiga por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud. Las audiencias se realizarán después de la feria judicial, a fines de abril y principios de mayo.

La primera denuncia por contaminación, investigada el fiscal federal Walter Rodríguez, fue en 2016, por el derrame de productos químicos que se volcaban al río Coronda, sin tratamiento previo. Según estudios realizados en la zona, en abril de 2017, se detectó la presencia de níquel, plomo y cromo en concentraciones muy superiores a las permitidas por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Otro caso similar, que obtuvo una condena judicial, sucedió en la zona sur de Rosario. En fallo inédito, el dueño de una empresa desagotadora fue condenado a tres años de prisión condicional y a una reparación económica de 300 mil pesos destinados a un centro de salud por descargar efluentes cloacales e industriales al arroyo Saladillo a través de una conexión que pasaba por la cañería pluvial del barrio Las Flores.

En paralelo a la causa judicial, la Municipalidad de Rosario comenzó a fiscalizar a la empresa por algunos incumplimientos. También se sumó un grupo de concejales a partir de una serie de estudios y relevamientos que realizó la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con toma de muestras.

Estas causas, como muchas otras que naufragan en algún juzgado provincial, surgen a partir del incumplimiento de muchas compañías que eligen disponer sus residuos directamente en basurales, cursos de agua o bajo tierra; sin importar el impacto ambiental ni el daño que producen en la salud de los ciudadanos. Por esto, desde la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) y la Cámara Argentina Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) insisten en contar con mayor control del Estado sobre las empresas que deciden no tratar adecuadamente sus residuos peligrosos y que todas las organizaciones puedan cumplir con las normativas vigentes.