Por Verónica Ramos
Directora Ejecutiva de Ecoplas

Frente a la Resolución N°816/2019 emitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prohíbe el uso de los sorbetes plásticos, Ecoplas propone, en cambio, educar para su consumo responsable, con políticas sustentables, que fomentan la economía circular.

Para ello, es necesaria una gestión eficiente de los residuos a través de las 4R: Reducción, Reciclado, Reutilización y Recuperación mediante la revalorización del recurso.

Ante este escenario, en el que erróneamente se cree que prohibir es mejor que enseñar, los sorbetes son un caso emblemático. Durante su uso, estos elementos son sumamente higiénicos y están aprobados por el Código Alimentario Argentino. Además de ser claves para prevenir enfermedades, son vitales para niños y personas con discapacidad motrices que requieren de ellos para ingerir bebidas.

Los sorbetes plásticos están realizados del mismo material que las tapas plásticas que desde hace años -gracias a diversas campañas- se separan para producir nuevos objetos, como artículos de librería, elementos de limpieza, macetas, caños y decks, entre otros. No obstante, a la hora de pensar en la ecología y el ecosistema, los sorbetes sufren una total y arbitraria mala fama, producto de la desinformación y el desconocimiento.

Todos los materiales tienen impacto negativo si son mal dispuestos: los consumidores, el Gobierno y la sociedad entera deben ser conscientes de ello. Por eso, la educación ambiental es central para la correcta economía circular y la disposición final de todos los reciclables, entre ellos los sorbetes.

Argentina tiene una oportunidad única para implementar políticas de economía circular y a la vez fomentar su desarrollo. Por ende, no se trata de prohibir el uso del plástico, sino de educar. La prohibición nunca es una solución sustentable, es una medida que genera un impacto económico por pérdidas de 3500 fuentes de trabajo directo e indirecto y afecta a 120 empresas, y con la que además se pierde la oportunidad para informar y educar sobre el cuidado del medioambiente.

En la Argentina se generan entre 1 y 1,5 kilos de residuos domiciliarios por persona. Estos deberían ser gestionados para su posterior reciclado, transformándose en recursos para la economía circular. La mayoría de los productos de consumo masivo son de vidrio, papel, cartón, plástico, aluminio.


En otros países la solución hace más de veinte años fue el principio de “responsabilidad extendida al productor”: esto quiere decir que los envasadores que introducen los envases en el mercado se hacen cargo de su correspondiente gestión y los costos que acarrea.

De esta forma, se ven obligados a implementar sistemas para su reutilización, reciclado o correcta disposición. También, al incorporar entre sus costos la gestión de los residuos, promueve la eficiencia hacia el recurso. Para la transición hacia una economía circular es necesaria una ley nacional de gestión de residuos y envases, de manera tal que se genere un flujo constante de los distintos tipos de materiales para reciclar.
En Argentina se está reciclando 225.000 toneladas de plástico. Teniendo en cuenta que hay un 50% de capacidad ociosa en la industria recicladora, la oportunidad que significaría una regulación de este estilo se traduce tanto en empleo como en un beneficio tangible para el medio ambiente.

Por estos días, es creciente la preocupación por el cuidado del planeta. Prueba de ello son las masivas manifestaciones públicas para presionar a que los gobiernos desarrollen políticas para combatir el cambio climático. Pero necesitamos información científica y certera para tomar las mejores decisiones.

Para lograr un modelo de economía circular, el circuito necesita ser transformado continuamente: de recurso a producto, para volver a reciclarse en otro recurso. Son necesarias estrategias completas, que incluyan planes de educación y políticas públicas que fortalezcan estos procesos. No medidas que sólo busquen la aceptación social.

Debemos recordar que el consumo responsable del plástico disminuye la generación de residuos y es un factor determinante tanto en la generación de empleo y reactivación económica.

Educar, sí. Prohibir: no.