Por Ing. Adrián Salichs
Socio Gerente EPSA S.R.L.

DEFINICIONES
Se entiende por residuo industrial inerte (no peligroso) aquel bien abandonado de forma voluntaria, sin aparente valor económico, que se considera un desecho resultante de un determinado proceso de producción u utilización de bienes, y cuyo poseedor lo destina obligatoriamente al abandono.
Desprenderse de un bien se contempla la posibilidad de un perjuicio en el orden social o medioambiental, y por el contrario, si tiene o puede tener un valor económico se lo retiene para su reutilización o reciclado. Consideramos que todo esto justifica una actuación dentro de un marco normativo dirigido a regular el manejo de los mismos.
La gestión de los residuos no peligrosos dentro del marco de la protección ambiental no cuenta con muchos antecedentes normativos.

MARCO NORMATIVO
Argentina cuenta con la ley de presupuestos mínimos para la gestión integral de los residuos de origen industrial y de actividades de servicios, es la Ley N° 25612/02. Esta nunca fue reglamentada, es de relativa aplicación y se refiere a todo el universo de residuos tipificados tanto peligrosos como no peligrosos.
Analizando el marco Normativo en la Provincia de Santa Fe (además de ya contar con normativa para la gestión de los residuos peligrosos) se promulga un decreto para la gestión de los residuos no peligrosos. Esto asimismo marca una forma de reglamentación de la normativa nacional N° 25612.
En el marco de esta normativa, el Decreto 2151/14 de la Provincia de Santa Fe regula en parte la gestión de los residuos generados en la actividad industrial y no contemplados por el Decreto N° 1844/02 para la gestión de los residuos peligrosos.
En el análisis de esta normativa podemos observar varios objetos de interés diferentes.
Regula y normaliza la gestión para la disposición de los residuos sólidos urbanos.
Regula la gestión de residuos no peligrosos provenientes de la industria.
Orienta a la segregación selectiva para la recuperación y reciclado.
Genera iniciativas para la búsqueda de tecnologías para la valorización de los mismos (recuperación, reuso o reciclado).

A continuación, realizamos la evaluación y sus aspectos a mejorar para tener en cuenta en el proceso de optimización en la gestión pública y privada y con ello propender a acciones ágiles para su aplicabilidad.

EVALUACION DE LA NORMATIVA: ASPECTOS A MEJORAR
Por la magnitud y alcance de la normativa necesidad de realizar acciones eficaces para la gestión en los Municipios y Comunas para la clasificación en origen y disposición en Relleno Sanitarios.
En el caso de las Empresas, generar oportunidades para emprendimientos respecto a la disposición adecuada y la recuperación de los residuos y su minimización. Avanzar en la gestión, concientización y disponibilidad de recursos para contar a mediano plazo con reservorios para los residuos sólidos urbanos e industriales adecuados a la normativa en todo el territorio de la provincia.

Propender a generar controles de cumplimiento acorde al tipo y magnitud de residuos generados. La simplificación de los mecanismos de informes de la gestión de los residuos y las herramientas de control (documentación de casi la misma relevancia que para los RRPP). La necesidad de agilización de los tiempos de trámite de gestión y documentación por parte de los organismos de control. Respuestas adecuadas acorde a la magnitud del impacto ambiental.
Promover la autogestión para la minimización en la generación de los residuos y generar reconocimientos a empresas que realizan la gestión sustentable y maximizan el uso de sus recursos. Necesidad de generar herramientas e incentivos fiscales para promover económicamente el reciclado de los residuos.

Conclusiones
Teniendo en cuenta los variados objetivos en la aplicación de esta normativa, referido a los residuos que genera la actividad humana e industrial, consideramos que la misma debe ser aplicada con criterios de progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y un fuerte foco a la optimización de la gestión del medio ambiente a mediano plazo, teniendo en cuenta la priorización de aspectos que impactan más fuertemente sobre el medio ambiente.